
A pesar de que ahora se someterá dicha propuesta al informe de la CNE, el cual lo considerará como adecuado o no, aunque dicho informe no sea vinculante, la propuesta no ha gustado nada entre los empresarios del pujante sector de la energía fotovoltaica.
Concretamente, la propuesta de industria plantea lo siguiente:
- Se recortan 1/3 las vigentes tarifas para la fotovoltaica. Esto, sin perjuicio de que las inscritas antes de octubre de 2008 sigan disfrutando de la tarifa del 661/2007. Se plantea unos 29 céntinos de euro para instalaciones sobre suelo y 33 céntimos de euro para placas sobre edificaciones
- Un tope de potencia instalada de 200 Mw para instalaciones sobre techo y de 100 para suelo. Además, ninguna instalación podrá ser de más de 2 Mw.
Frente a esto los principales representantes de la industria fotovoltaica (ASIF, APPA, AEF), se han mostrado radicalmente en contra, denunciando que Industria con esta nueva regulación heriría de muerte a la industria fotovoltaica, dañando seriamente a las inversiones y destruyendo un gran número de puestos de trabajo.
Frente a esto, sin perjuicio de lo que pueda decir la CNE en su día de esta propuesta, a grandes rasgos me surgen las siguientes reflexiones:
- La fotovoltaica se encuentra excesivamente retribuida en la actualidad lo que ha generado un crecimiento descontrolado.
- Los incentivos a las energías renovables (entre ellas la fotovoltaica) contribuyen a aumentar el déficit tarifario, lo que es un gran problema para nuestra economía y marco energético.
- La fotovoltaica no contribuye significativamente con la satisfacción de las necesidades energéticas españolas (cubre alrededor del 0´7% de la demanda nacional). En este sentido, la solar termoeléctrica sí podría contribuir significativamente a la cobertura de demanda nacional, así como a la reducción efectiva de CO2.
- Por otra parte, se estaría perjudicando a una industria en la que España es puntera y que ha creado numerosos puestos de trabajo. En todo caso, el gobierno tiene que asegurar que la retribución permitirá a las empresas del sector obtener un beneficio razonable que haga que invertir en fotovoltaica siga siendo un buen negocio, aunque sin llegar a ser una especie de "pelotazo", como ocurría en muchas ocasiones.
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