Resultado de la segunda encuesta de Derechoenergetico

En esta segunda encuesta de Derechoenergetico, un poco menos participativa que la anterior sobre la energía nuclear ya que han votado 12 personas, ha habido un resultado favorable a que se produzca una subida en la tarifa eléctrica conforme con los costes reales de la producción eléctrica. El resultado entre los lectores que han votado ha sido muy ajustado, optando el 33% de ellos por considerar que está mal la subida por tratarse de un bien esencial que debe tener un precio asequible. Además de esto, un 25% ha considerado que una subida está bien, pero de forma limitada, opción que es la que ha elegido el gobierno recientemente decidiendo, a pesar de lo recomendado por la CNE, que la tarifa de la luz no suba más allá del IPC.

Todas estas opciones son válidas y tienen sus razones. El limitar el precio de la luz obedece a una concepción del suministro eléctrico como servicio público suministrado por el Estado en el que el precio tiene que estar fijado por el gobierno atendiendo a razones políticas y sociales. Este no es un sistema que esté muy de acuerdo con las directivas Europeas y la legislación nacional (que la traspone íntegramente) sobre el mercado eléctrico. Por ejemplo, en la exposición de motivos de la Ley 54/1997 sobre el sector eléctrico desaparece el concepto de servicio público para ser sustituido por el de servicio esencial y optando por la liberalización del mercado eléctrico con la introducción de la figura del comercializador, sujeto no titular de redes de transporte y distribución, pero con derecho a acceder a las mismas mediante el pago de un peaje a sus titulares y podar comprar y vender la energía eléctrica en el libre mercado y a un precio fijado por las leyes de oferta y demanda. Obviamente el mantenimiento de unos precios inferiores al coste real de la energía establece unas condiciones de competencia real muy precarias a esta figura y deja sin efecto la libre competencia en el mercado eléctrico. Con la próxima desaparición de la tarifa regulada se espera mejorar esta situación, aunque debería dejarse claro qué consumidores podrían acogerse a la Tarifa de Último Recurso (y cuál va a ser el precio de esta), así como a la conocida como tarifa social para aquellos sujetos con un nivel adquisitivo bajo.

Obviamente, el hecho de que llevemos acumulados miles de millones de euros en déficit tarifario supone una hipoteca para generaciones futuras que van a tener que pagar nuestro relativo bienestar actual que consiste en pagar unos de los precios más bajos por la energía eléctrica de la Unión Europea, a pesar de ser uno de los países con mayor dependencia del exterior y con menos recursos energéticos. Esta falsa imagen de abundancia y de que la energía es un bien inagotable y barato, no nos beneficia ya que, además de crearnos una deuda a futuro impresionante, perjudica a las empresas eléctricas y fomenta el derroche y la contaminación debido a que la mayor parte de emisiones de Co2 las produce la producción de energía eléctrica.

Unos precios más razonables con los costes reales de la electricidad contribuirían a crear una mayor conciencia en relación con el ahorro de energía y la conservación del medio ambiente, además de ser una medida de justicia con las generaciones futuras. El problema está en cómo conseguirlo, no se puede sufrir la tarifa más de un 20% de golpe, sobre todo en una situación de crisis económica como la actual. Tampoco la desaparición de la tarifa regulada conseguirá acabar de golpe con la situación ya que existirá existiendo un déficit acumulado de años anteriores. Una posible solución sería la de financiar parte de este déficit con los Presupuestos Generales del Estado o mediante impuestos que gravasen actividades especialmente contaminantes . Son opciones de las que seguramente se hablará mucho en un futuro muy próximo.