Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos

En el pasado BOE del 24 de febrero de 2009, se publicó el Real Decreto-ley 1/2009 sobre medidas urgentes en materia de telecomunicaciones. Siguiendo la técnica legislativa habitual de meter en "un mismo saco" disposiciones que en principio no tienen mucho que ver, se introducen una serie de medidas relativas al sector de telecomunicaciones (TDT) junto con la creación de una oficina de Defensa del Consumidor de Productos energéticos dentro del marco de la Comisión Nacional de Energía (CNE), añadiendo una nueva función (decimonovena) a la Disposición Adicional Undécima de la Ley 34/1998 de Hidrocarburos, en la cual se creó (tambén de paso) la CNE.

En cuanto a la justificación para la creación de esta oficina, en la exposición de motivos se dice lo siguiente:

"Por otra parte, es necesario abordar también los efectos del proceso de liberalización del sector energético y la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso que profundizará en la liberalización del sector eléctrico de manera que solo los consumidores con una potencia reducida podrán acogerse a las Tarifas de Último Recurso en los términos exigidos por la normativa comunitaria en la materia, requiere la creación y funcionamiento, con carácter previo a la aplicación efectiva de dicho marco, de una oficina de información, atención y arbitraje para el consumidor de productos energéticos. Sólo con su creación urgente podrá actuar con plena eficacia desde el primer momento, sobre todo teniendo en consideración que es precisamente en el tránsito de una norma a otra cuando se van a producir los principales riesgos para los consumidores.
Adicionalmente, la creciente demanda por parte de los consumidores de una mayor transparencia, claridad e información en la facturación, exige adoptar las medidas orgánicas y funcionales necesarias para la protección de todos ellos.
En consecuencia, y dada la experiencia de la Comisión Nacional de Energía en la supervisión de los mercados, en la resolución de conflictos entre agentes y tomada en cuenta la especialización propia que en la materia tiene como regulador energético se hace necesario poner en marcha de inmediato una Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos en el seno de la Comisión Nacional de Energía que agilice la resolución de posibles controversias que puedan surgir entre los operadores energéticos y los consumidores."

Estaremos al tanto de la evolución de esta nueva función para la CNE, aunque como ya adelantamos en una entrada anterior, al propio organismo regulador no le hizo mucha gracia esta nueva competencia, amén de generar posibles conflictos competenciales con las Comunidades Autónomas, a las cuales se les atribuye competencias en materia de consumidores.